Público/Bruno Estrada, Daniel Albarracín, Ignacio Álvarez, Manuel Garí y Bibiana MedialdeaLa aceptación de aumentar el Fondo de Rescate hasta 440.000 millones de euros para respaldar la deuda pública de países con riesgo de insolvencia tenía su cruz. En la medida que los esfuerzos financieros de ese fondo provendrán principalmente de Alemania, la canciller Merkel, junto con el solícito Sarkozy, han propuesto un supuesto pacto por la competitividad. Este contiene alguna propuesta interesante, aunque insuficiente, como la búsqueda de un cálculo común para el impuesto de sociedades a escala europea. Para evitar una permanente devaluación fiscal, no sólo debe homogeneizarse la definición de su base imponible, sino también de sus tipos. En palabras del economista alemán H. W. Sinn, “con una armonización planificada colectivamente, en lugar de una forzada por la competencia entre sistemas fiscales, Europa no tendrá que renunciar a sus logros sociales y no tendría que sufrir las distorsiones de origen fiscal”.
Sin embargo, el centro del debate se sitúa en la polémica propuesta de la eliminación del sistema de indexación de salarios
–que posibilita el mantenimiento del poder adquisitivo de las rentas del trabajo– y su sustitución por un modelo que vincule los crecimientos salariales (nominales) al incremento de la productividad. Esta propuesta, de aceptarse, supondría la institucionalización de un mecanismo de “ajuste salarial permanente”.
Según datos de la Comisión Europea, el crecimiento de la productividad en España –definida esta como el PIB real por hora trabajada– durante la década de los noventa ha sido del 1,5% anual, y del 1% durante la década de 2000. Sin embargo, el crecimiento medio de la inflación durante esas décadas fue del 4,2% y del 3% respectivamente. Si en estas últimas dos décadas se hubiese arbitrado un mecanismo como el del plan de competitividad, la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios españoles hubiese sido aún mayor.
De hecho, los salarios reales en España han crecido durante las últimas dos décadas por debajo de la productividad. Esta es la razón por la cual los costes laborales unitarios –que relacionan salario medio y productividad– se han reducido un 10% desde 1990 hasta hoy.
Los representantes de la CEOE que reclaman ligar salarios (nominales) y productividad pretenden, al igual que el Banco de España, acabar con las cláusulas de revisión y aumentar con ello el peso de las rentas del capital en el PIB. Nada nuevo bajo el sol: en los últimos 25 años, los 40.000 españoles más ricos han pasado de poseer el 2% de la riqueza nacional al 4%, sobre todo por ganancias de capital. Los ajustes frente a la crisis vuelven a intentar repercutirse sobre los y las trabajadoras, en este caso no ya por la vía del empleo, sino de la depresión salarial.
Además, si se tomara de referencia salarial la productividad en el ámbito de las empresas, nos encontraríamos con que esta no sólo depende de la competitividad de sus productos, sino también de su poder de mercado y de otros factores contextuales (infraestructuras, nivel tecnológico, innovación organizativa y comercial, economías de escala interempresariales, provisión de servicios públicos en el entorno, prosperidad del mercado en el que se mueve, etc.).
Hacer una negociación colectiva descentralizada sobre los salarios en función de la productividad de las empresas estaría abriendo la brecha salarial entre los trabajadores de sectores oligopólicos (por ejemplo, financiero, producción eléctrica, fabricación de automóviles) y el resto, lo que conllevaría que el ajuste se propicie contra las plantillas del tejido empresarial más débil, reforzando la recesión.
Otra cosa sería que, partiendo de un suelo digno (salarios mínimos sectoriales que deberían actualizarse en relación con la evolución del poder adquisitivo), se desarrollen instrumentos para disputar la generación de riqueza producida en las empresas. La participación colectiva de los trabajadores en las decisiones empresariales podría implicar una mejora de la productividad de las mismas si incrementara el volumen de beneficios no distribuidos a los accionistas, reinvirtiéndolos en actividades de I+D+i que impulsen un cambio del modelo tecnoproductivo en clave de sostenibilidad y en la formación de los trabajadores. Las fórmulas de participación de los trabajadores en sus empresas pueden ser diferentes, unas pueden cuestionar el modelo socioeconómico y otras moverse en el existente.
El último Gobierno de Olof Palme impulsó en Suecia los Fondos de Inversión de los Asalariados. Una parte añadida al salario se remunera en acciones, que se sindican colectivamente, lo que posibilita influir o bloquear determinadas decisiones, reducir la presión sobre los salarios y una cierta defensa para los trabajadores en tiempos de crisis. Los fondos garantizan un núcleo estable de capital, reduciendo la dependencia del capital impaciente que exclusivamente busca incrementar el reparto de dividendos.
Impulsar nuevos elementos en el modelo de negociación colectiva que armonicen al alza los derechos laborales debería ser el eje central de un pacto europeo por la competitividad favorable a una mayoría social. La generación de riqueza en una sociedad basada en el conocimiento, como quiere ser la sociedad europea del siglo XXI, sólo puede sustentarse en la democratización de la economía.
Ilustración de Diego Mir
Sin embargo, el centro del debate se sitúa en la polémica propuesta de la eliminación del sistema de indexación de salarios
–que posibilita el mantenimiento del poder adquisitivo de las rentas del trabajo– y su sustitución por un modelo que vincule los crecimientos salariales (nominales) al incremento de la productividad. Esta propuesta, de aceptarse, supondría la institucionalización de un mecanismo de “ajuste salarial permanente”.
Según datos de la Comisión Europea, el crecimiento de la productividad en España –definida esta como el PIB real por hora trabajada– durante la década de los noventa ha sido del 1,5% anual, y del 1% durante la década de 2000. Sin embargo, el crecimiento medio de la inflación durante esas décadas fue del 4,2% y del 3% respectivamente. Si en estas últimas dos décadas se hubiese arbitrado un mecanismo como el del plan de competitividad, la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios españoles hubiese sido aún mayor.
De hecho, los salarios reales en España han crecido durante las últimas dos décadas por debajo de la productividad. Esta es la razón por la cual los costes laborales unitarios –que relacionan salario medio y productividad– se han reducido un 10% desde 1990 hasta hoy.
Los representantes de la CEOE que reclaman ligar salarios (nominales) y productividad pretenden, al igual que el Banco de España, acabar con las cláusulas de revisión y aumentar con ello el peso de las rentas del capital en el PIB. Nada nuevo bajo el sol: en los últimos 25 años, los 40.000 españoles más ricos han pasado de poseer el 2% de la riqueza nacional al 4%, sobre todo por ganancias de capital. Los ajustes frente a la crisis vuelven a intentar repercutirse sobre los y las trabajadoras, en este caso no ya por la vía del empleo, sino de la depresión salarial.
Además, si se tomara de referencia salarial la productividad en el ámbito de las empresas, nos encontraríamos con que esta no sólo depende de la competitividad de sus productos, sino también de su poder de mercado y de otros factores contextuales (infraestructuras, nivel tecnológico, innovación organizativa y comercial, economías de escala interempresariales, provisión de servicios públicos en el entorno, prosperidad del mercado en el que se mueve, etc.).
Hacer una negociación colectiva descentralizada sobre los salarios en función de la productividad de las empresas estaría abriendo la brecha salarial entre los trabajadores de sectores oligopólicos (por ejemplo, financiero, producción eléctrica, fabricación de automóviles) y el resto, lo que conllevaría que el ajuste se propicie contra las plantillas del tejido empresarial más débil, reforzando la recesión.
Otra cosa sería que, partiendo de un suelo digno (salarios mínimos sectoriales que deberían actualizarse en relación con la evolución del poder adquisitivo), se desarrollen instrumentos para disputar la generación de riqueza producida en las empresas. La participación colectiva de los trabajadores en las decisiones empresariales podría implicar una mejora de la productividad de las mismas si incrementara el volumen de beneficios no distribuidos a los accionistas, reinvirtiéndolos en actividades de I+D+i que impulsen un cambio del modelo tecnoproductivo en clave de sostenibilidad y en la formación de los trabajadores. Las fórmulas de participación de los trabajadores en sus empresas pueden ser diferentes, unas pueden cuestionar el modelo socioeconómico y otras moverse en el existente.
El último Gobierno de Olof Palme impulsó en Suecia los Fondos de Inversión de los Asalariados. Una parte añadida al salario se remunera en acciones, que se sindican colectivamente, lo que posibilita influir o bloquear determinadas decisiones, reducir la presión sobre los salarios y una cierta defensa para los trabajadores en tiempos de crisis. Los fondos garantizan un núcleo estable de capital, reduciendo la dependencia del capital impaciente que exclusivamente busca incrementar el reparto de dividendos.
Impulsar nuevos elementos en el modelo de negociación colectiva que armonicen al alza los derechos laborales debería ser el eje central de un pacto europeo por la competitividad favorable a una mayoría social. La generación de riqueza en una sociedad basada en el conocimiento, como quiere ser la sociedad europea del siglo XXI, sólo puede sustentarse en la democratización de la economía.
Ilustración de Diego Mir
